El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló que el organismo fue creado “por el kirchnerismo para doblegar al periodismo independiente”.
El Gobierno resolvió despedir a 100 trabajadores estatales de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), que quedará reducida a unos 40 empleados, según lo informó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien señaló además que el organismo fue creado “por el kirchnerismo para doblegar al periodismo independiente”.
El funcionario, a través de su cuenta en la red social X, dijo que “desde su creación en 2009, los argentinos hemos contribuido 70 millones de dólares para sostener este organismo que juntaba denuncias (muchas repetidas con el mismo texto por centenas) en contra de periodistas críticos del kirchnerismo”.
Sturzenegger puntualizó que “entre otros dislates, este cuerpo tenía un estudio de televisión portátil con el que se recorría la costa en temporada estival, invitando a los chicos a participar en un adoctrinamiento en contra de los críticos del kirchnerismo”.
La DPSCA fue creada por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, y entre sus funciones está el “Recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de radio, televisión y otros medios”.
“La resolución 107 baja la planta de 144 empleados a 40, aliviana la estructura, remata el estudio de televisión y restringe el uso del organismo como herramienta de persecución”, afirmó el ministro.
La Defensoría -que está a cargo de la funcionaria Soher El Sukaria- depende del Poder Legislativo, por lo que Sturzenegger destacó los esfuerzos que desde la Cámara de Diputados “está haciendo @MenemMartin (Martín Menem) para bajar el gasto político en el Congreso”.
Aseguró que la Defensoría “dio cobijo a una nutrida concurrencia de militancia rentada”, y puntualizó que “aproximadamente la mitad de los empleados eran del partido de La Matanza”.
Además, el ministro dejó abierta la puerta para una decisión más profunda, al advertir que “el Congreso se debe el debate sobre si queremos este tipo de instituciones”.
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